En las próximas semanas el Tribunal Constitucional se prepara para dictar una de las sentencias más trascendentales de nuestra historia democrática: la validación de la ley de amnistía. Lejos de ser un mero trámite jurídico, este acto representará la culminación de un proceso que ha tensionado hasta el límite los cimientos de nuestro Estado de derecho. Cuando el guardián de la Constitución otorgue su beneplácito, no estará cerrando una herida social, sino consagrando oficialmente una idea devastadora: que en España, la ley no es igual para todos.
El principal argumento contra esta amnistía no es ideológico, sino principista. Reside en la flagrante vulneración del Artículo 14 de nuestra Carta Magna, que proclama que «los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna». La amnistía es, por definición, la antítesis de este principio. Crea una casta de ciudadanos con bula, individuos cuyos delitos, por graves que fueran —incluyendo la malversación de fondos públicos y los desórdenes que atentaron contra la paz social—, son borrados no por un acto de justicia, sino por un cálculo de poder. Mientras un ciudadano común afronta las consecuencias de sus actos, desde una multa de tráfico hasta una pena por delitos económicos, a un grupo selecto se le ofrece la impunidad a cambio de un puñado de escaños.
El segundo pilar democrático que se desmorona es la separación de poderes. La amnistía constituye una enmienda a la totalidad del poder judicial. Es el poder legislativo, impulsado por una mayoría parlamentaria coyuntural nacida de la necesidad de una investidura, desautorizando a los jueces y tribunales que, con la ley en la mano, investigaron, procesaron y sentenciaron. Se envía un mensaje peligrosísimo: las sentencias judiciales son reversibles si se tiene la fuerza política suficiente para negociarlas. El poder político se erige en una instancia de apelación suprema por encima de la justicia, una anomalía inaceptable en cualquier democracia consolidada.
Se nos ha intentado vender esta medida bajo el edulcorado envoltorio de la «convivencia» y la «reconciliación». Sin embargo, la realidad es tozuda y demuestra lo contrario. La tramitación y aprobación de esta ley no han traído la paz social, sino que han ahondado la polarización y han generado una profunda sensación de agravio en una gran parte de la sociedad española. La verdadera convivencia no se construye sobre el olvido forzoso ni sobre la impunidad de quienes quebrantaron el orden constitucional, sino sobre el respeto a las reglas del juego que nos hemos dado todos. Perdonar sin arrepentimiento y sin un compromiso explícito de no repetición no es reconciliar, es rendirse.
Finalmente, el aval del Tribunal Constitucional, si se produce como todo parece indicar, será la última y más dolorosa estación de este viaje. Un órgano cuya misión es ser el último dique de contención de los principios constitucionales corre el riesgo de ser percibido por millones de ciudadanos como un actor más en el tablero político, sensible a las presiones y a los intereses del gobierno de turno. La erosión de la confianza en las más altas instituciones del Estado es un legado tóxico que tardaremos décadas en superar.
Esta amnistía no es un punto final a un conflicto, sino un punto y seguido que sienta un precedente funesto. Abre la puerta a que, en el futuro, cualquier desafío al Estado pueda ser objeto de negociación y posterior olvido legal. Se legitima la idea de que la deslealtad institucional puede tener premio.
Cuando el Tribunal Constitucional estampe su firma, no estará validando una simple ley. Estará validando la desigualdad, debilitando a la justicia y dejando una hipoteca sobre el futuro de nuestra integridad como nación. Será un día aciago para el Estado de derecho, por mucho que se vista de normalización política.
