La justicia española asiste a uno de los espectáculos más bochornosos de su historia democrática: el procesamiento del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz. No se trata de una anécdota, ni de un tecnicismo jurídico. Es la constatación de una crisis institucional sin precedentes, la crónica de una erosión deliberada de la separación de poderes que sitúa a la propia Fiscalía en el abismo de la desconfianza ciudadana.
Seamos claros: el máximo garante de la legalidad en España, el jefe de los fiscales, se sentará en el banquillo acusado de un presunto delito de revelación de secretos. El caso, derivado de la filtración de datos confidenciales sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso, no es un simple error o un exceso de celo. Según el auto del tribunal, existen indicios sólidos de que García Ortiz ordenó de forma directa y consciente la difusión de una nota de prensa que contenía información reservada de las negociaciones entre un particular y la Fiscalía. Un acto que, presuntamente, buscaba un rédito político para el Gobierno que lo nombró, en plena batalla contra la oposición.
La coartada esgrimida por el Fiscal General, esa supuesta necesidad de «atajar un bulo», es de una endeblez sonrojante. El Fiscal General del Estado no es un verificador de noticias ni el director de comunicación de La Moncloa. Su deber sagrado es custodiar la ley y los procedimientos, no convertirse en un ariete político. Combatir una presunta mentira cometiendo un presunto delito es una perversión de sus funciones que mancha la toga que representa a todos los fiscales de este país.
Lo más grave no es solo la imputación en sí, sino la reacción de Álvaro García Ortiz y del propio Gobierno: un cierre de filas numantino, un atrincheramiento en el cargo que denota un desprecio absoluto por la salud de la institución que dirige. En cualquier democracia consolidada, un Fiscal General procesado por la justicia habría presentado su dimisión de forma inmediata, no por una admisión de culpabilidad, sino por pura decencia democrática y por la necesidad de preservar la credibilidad del Ministerio Fiscal.
Su permanencia en el cargo es insostenible. ¿Con qué autoridad moral puede Álvaro García Ortiz impartir órdenes a sus subordinados para que persigan la delincuencia, cuando él mismo está bajo la lupa de la justicia? ¿Cómo pueden los ciudadanos confiar en la imparcialidad de una Fiscalía cuyo líder es percibido, con sólidos indicios, como un peón al servicio del poder ejecutivo? Su negativa a dimitir no es un acto de fortaleza, sino de inmolación institucional. Cada día que pasa aferrado a su sillón, degrada un poco más la imagen de la justicia y ahonda la brecha de la polarización.
El Gobierno de Pedro Sánchez, al sostenerlo contra viento y marea, se convierte en cómplice necesario de esta deriva. Su defensa a ultranza no es una defensa de la autonomía fiscal, sino la protección de una pieza clave en su entramado de poder. Han transformado la Fiscalía General en un escudo, en una extensión del argumentario gubernamental, traicionando el espíritu de una institución que debe ser, por encima de todo, autónoma e imparcial.
Este no es un debate sobre «lawfare» o persecuciones políticas imaginarias. Es un debate sobre la calidad de nuestra democracia. La justicia española no puede permitirse un fiscal general que se sienta en el banquillo. Por decoro, por responsabilidad y por la salud de nuestras instituciones, Álvaro García Ortiz debe dimitir. Su salida no sería una victoria para nadie, sino un acto mínimo de higiene democrática para empezar a reconstruir la confianza perdida en una de las columnas vertebrales del Estado de Derecho. Todo lo demás es prolongar la agonía y certificar el ocaso.
